La verdad es que, por lo menos aquí en México, cuando se usan ciertas palabras la gente se estremece y hasta siente escalofríos. Una de esas términos tenebrosos es ‘re-estructuración’. Todos recordamos que después del tristemente famoso “error de diciembre” de 1994 estalló en México una crisis que se venía fraguando desde la firma del tratado salinista de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá, uno de esos circos políticos que con auto-complacencia se permiten los presidentes en México a costa, desde luego, de la economía y del bienestar nacionales. La crisis del 94 afectó naturalmente a la sociedad en su conjunto y en particular a los pequeños cuentahabientes que súbitamente vieron cómo de un día para otro sus créditos hipotecarios, por ejemplo, crecían exponencialmente y sus ahorros sencillamente se esfumaban. Muchas personas perdieron sus propiedades, pero muchos cayeron en otro de los garlitos bancarios de la época: “re-estructuraron” sus deudas en UDIs (unidades de inversión) que, aunque fijas, varían con la inflación. El punto por resaltar aquí es que, gracias a una gran presión por parte de los abogados bancarios, de fuertes campañas de persuasión para obligar a los cuentahabientes a pasar sus créditos de pesos a UDIs y a los malabares de la banca privada, el ciudadano mexicano que se había arriesgado a contratar un crédito hipotecario para comprar su casita terminó pagando tres o cuatro veces el valor de la propiedad adquirida (y hay quien sigue pagando todavía). Por ese y por muchos otros episodios en los que están involucrados los bancos (piénsese nada más en el criminal FOBAPROA), lo cierto es que el ciudadano de a pie sabe perfectamente bien que todo lo que tenga que ver con reestructuración bancaria de deuda de entrada es peligroso y huele a podrido.

Lo anterior viene a colación por un suceso de gran importancia política y simbólica acaecido la semana pasada en la ONU y que tiene que ver precisamente con re-estructuración de deuda, soberana o pública esta vez. El paralelismo, sin embargo, no se rompe y así como el pequeño ahorrador se ve agobiado por los bancos de primer piso, así también los Estados se ven acosados y atosigados por la banca mundial. En el primer caso, los bancos tienen el respaldo del gobierno en contra de sus propios ciudadanos, en tanto que en el segundo el respaldo lo proporcionan unos cuantos gobiernos, esto es, los de los países que mandan en el mundo precisamente por el maridaje que se da entre bancos y Estados. En el caso de la resolución de la ONU de la semana pasada, lo que sucedió fue simplemente que el gobierno argentino hizo una propuesta concreta con el fin de establecer un marco legal mínimo para regular los procesos de reestructuración de deuda externa. En dos palabras traeré a la memoria los hechos fundamentales del caso para, acto seguido, reconstruir y examinar críticamente la valiente y atinada propuesta argentina, así como algo de lo mucho que de ella se deriva.

Muy a grandes rasgos, la situación es la siguiente: como una consecuencia natural de años de odioso menemismo, Argentina tuvo que declararse a principios de siglo en moratoria de pagos a sus deudores (bancos privados e instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional). No obstante y a fin de normalizar su situación, a partir de 2005 el gobierno argentino renegoció exitosamente su deuda con un porcentaje elevado de sus acreedores, reduciéndola considerablemente (hasta en un 75 %). Un año después pagó y canceló por completo su deuda con el FMI. Quedaron, sin embargo, unos cuantos acreedores que se rehusaron a renegociar con el gobierno argentino y exigieron el pago total, a los precios vigentes, de los bonos de deuda emitidos por el gobierno argentino. En 2010 éste volvió a ofrecer un canje de deuda para los “inversionistas” que no habían aceptado las condiciones anteriores, pero éstos unas vez más rechazaron toda clase de negociación de la deuda y continuaron exigiendo el pago total del valor de los bonos en su poder, además naturalmente de los ya para entonces exorbitantes (y yo los calificaría de ‘anatocistas’) intereses, con lo cual la deuda argentina se convertía en un super-negocio para los banqueros, pero también en un desplome financiero para las arcas de la nación y en una tragedia económica, política y social para la nación. Ante la negativa del gobierno argentino a satisfacer la voracidad de los especuladores, éstos recurrieron entonces a la “justicia norteamericana” y, como era de esperarse, un juez de Nueva York, un tal Thomas Griesa, le concedió la razón a los demandantes y le ordenó a Argentina someterse a las exigencias de los acreedores. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner valientemente optó entonces por proseguir en la lucha de defensa de los intereses nacionales de su país y llevó su caso ante otras instituciones, como el Club de París el cual, curiosamente y dicho sea de paso, vio la luz a raíz precisamente de otro conflicto con Argentina, en 1956. En todo caso este es el contexto de la actual confrontación entre un Estado soberano, como lo es el argentino, y grupos financieros de especuladores aventureros que se especializan precisamente en comprar deudas de países en crisis, siempre a precios de remate, para posteriormente vender los bonos adquiridos a precios actuales y con intereses descaradamente ilegítimos. Eso es algo que ya se ha hecho con muchos países y siempre se salieron con la suya, pero Argentina no cedió. Así, en un esfuerzo más por solucionar de manera racional y justa el conflicto, el gobierno argentino hizo una propuesta ante la asamblea general de la ONU a fin de regular los procesos de reestructuración de deuda. Sobre esto hay que decir, aunque sea rápidamente, unas palabras a fin de disponer de un cuadro más o menos inteligible de la situación.

La propuesta argentina es en el fondo relativamente simple y se compone de 9 artículos, los cuales incorporan unos cuantos principios que más que otra cosa son de sentido común. Está por ejemplo el principio de que todo Estado soberano tiene derecho “a elaborar sus políticas macroeconómicas” y a no verse obstaculizado en su esfuerzo, que tiene que ver con el crecimiento del país, por actores externos. Está igualmente el principio de que las negociaciones entre un Estado soberano y sus acreedores tienen que ser de buena fe, esto es, constructivas y llevadas a cabo con ánimo de llegar efectivamente a acuerdos benéficos para ambas partes. Esto es elemental pero, como veremos, el que sea elemental y obvio no significa que los reyes del mundo, esto es, los banqueros, lo aprueben. Está también incorporada en la propuesta argentina la idea de que las negociaciones tienen que atenerse a principios como los de transparencia, de imparcialidad y de trato equitativo sin que durante las negociaciones se atente en contra de la inmunidad de jurisdicción de un Estado (i.e., un Estado no puede ser llevado ante los tribunales de otro) ni en contra de la inmunidad de ejecución estatal (es decir, a ningún Estado soberano se le pueden congelar sus bienes, expropiar sus inversiones, etc.). Asimismo, la propuesta explícitamente señala que ninguna negociación de deuda puede poner en entredicho el desarrollo y el crecimiento del país deudor. Las negociaciones con los deudores deben atenerse a lo que la mayoría de éstos decida.

Si no fuera porque sabemos que lo que está en juego es un problema muy serio y que puede afectar de manera grave a la nación argentina, nos sentiríamos tentados a pensar que a los representantes de los países en la ONU les gusta perder el tiempo discutiendo trivialidades. Pero pensar así sería un error y la prueba de ello es el resultado de la votación. Antes de abordar este aspecto de la cuestión, sin embargo, quisiera sin exponer de manera muy general la naturaleza del conflicto.

Es de primera importancia tener claro en qué consiste el problema, porque es sobre la base de dicha comprensión que podremos posteriormente emitir nuestros juicios y nuestras apreciaciones respecto al valor de las decisiones y las tomas de posición de dirigentes y países, tanto en este caso particular como en el de otros que se han dado o que sin duda alguna se darán. Así, pues, tenemos que tener presente permanentemente que vivimos en una época en la que la vida humana está estructurada en función de las instituciones que manejan el dinero de todo mundo (de particulares, de empresas y de Estados) y que estrictamente hablando no tienen país. Tienen sedes, pero son instituciones internacionales y globalizadas. Me refiero, naturalmente, a los grandes bancos del mundo. En general, el capital está asociado a la producción, pero en la actualidad el dinero no necesariamente se invierte en fábricas o en plantaciones (por decir algo), sino que “simplemente” (se trata obviamente de procesos sumamente complejos) se manipulan desde computadoras: se hacen determinados movimientos y se mueven grandes capitales de unas cuentas a otras, de un país a otro; se trata de movimientos permanentes de dinero que no pasan por los procesos de producción de bienes de consumo de ninguna índole. Lo que se tiene que entender es que existe un universo que es exclusivamente de capitales, de inversiones que van y vienen según los vaivenes de los mercados, de alzas y bajas de la Bolsa, de deudas de países, etc., y que no tienen nada que ver con salarios, bienes raíces, producción de mercancías, alimentos, fuerza de trabajo y demás. Es simplemente dinero que se mueve de un lugar a otro, dependiendo  siempre de cosas como tasas de interés, deuda externa, plazos, etc. Estos capitales un día están en Beijing y una semana después en Madrid. En el fondo, por lo tanto, no representan una genuina inversión productiva para los países. No son inversiones que generen mano de obra, fuentes de trabajo, innovaciones industriales, etc. Es más bien compra de acciones, de bonos, de deuda y de cosas por el estilo. Son capitales que buscan ganancias por meras colocaciones en los mercados financieros. Ahora bien, a diferencia de la riqueza generada por o en los sectores primarios (agricultura), secundario (industria) y terciario (servicios), el capital financiero no está todavía regulado a nivel internacional. Por eso hay los así llamados ‘paraísos fiscales’. La verdad es que México es un “paraíso” así, puesto que en este país, como todo mundo sabe, no generan impuestos las ganancias obtenidas en la Bolsa. O sea, el Estado mexicano tiene atrapados en las redes de su policía fiscal a millones de personas que ganan un poquito más de lo que se requiere para subsistir, pero a los especuladores multimillonarios que ganan cantidades insospechadas día con día no les cobra nada! Ellos no pagan impuestos. En este caso, como es obvio, sí hay acuerdo y armonía en las diversas esferas de gobierno, como lo pone de manifiesto el hecho de que ni la presidencia envía al Congreso una iniciativa de ley al respecto ni los congresistas elaboran una propuesta así. La razón es muy simple: por increíble que parezca, sencillamente no se atreven ni siquiera a generarles un mal humor a los banqueros. Más vale que la mitad de la población sea de muertos de hambre.

De manera general, es menester comprender la, por así llamarla, ‘lógica del sistema’. En el sistema en que vivimos, que es el sistema capitalista en lo que podríamos llamar su ‘fase financiera’, no se tiene otro objetivo que el de obtener ganancias, en el sentido más directo, crudo y brutal de la expresión. Hablamos de dinero que genera ganancias sin tener que arriesgarlo en actividades productivas, dinero en libros, dinero que se mueve en el ciberespacio. Es lógico, pues, desde este punto de vista limitarse a buscar las situaciones en las que efectivamente se puedan obtener beneficios así. Pero ¿cuándo se presentan las situaciones óptimas para ello? La respuesta es evidente de suyo: sobre todo y en primer término, cuando los países entran en crisis, cuando sus deudas los están asfixiando. En casos así (léase Grecia, Perú, Polonia, México, etc., etc.), los “inversionistas” aportan capitales así llamados ‘golondrinos’ a cambio de deuda que obviamente compran a precios artificialmente bajos y que luego renegocian obteniendo, a costa de los erarios de las naciones, pingües ganancias. Es así y de muchos otros modos como esos que el capitalismo funciona. Al interior del sistema, prácticas como esas son perfectamente racionales y legítimas. Lo que obviamente la proliferación y la gravedad de situaciones como la que acaba de vivir Grecia o la de Argentina (que en realidad son las de por lo menos el 90 % de los países) de inmediato hace que nos preguntemos: un sistema que funciona de esa manera ¿es él mismo racional y legítimo?¿Racional y justo?

Dado que si bien el sistema capitalista actual evoluciona (y, quiéranlo o no sus beneficiarios, sus abogados y sus soldados, lo hace inevitablemente hacia la izquierda), lo cierto es que el cambio es desesperadamente lento, por lo que la política a seguir no puede ser otra que la de tratar de enmarcar en sistemas de principios regulativos más o menos transparentes como los de la propuesta argentina el funcionamiento del capitalismo para que por lo menos éste deje de ser tan salvaje. La propuesta de Argentina ante la ONU es un tímido primer movimiento en ese sentido. Ahora bien, yo creo que cualquier persona con dos gramos de sesos en la cabeza y tres granos de información acerca de lo que pasa en el mundo estará en posición de adivinar qué países votaron en contra de la propuesta argentina, qué países votaron en su favor y qué países se abstuvieron. En contra, lo cual hasta un infante habría podido predecirlo, votaron Israel, los Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Canadá y Australia, esto es, básicamente los anglo-sajones, con a la cabeza el nuevo jefe del mundo occidental, esto es, Israel, y Japón. Y a favor de la propuesta argentina en contra de los así llamados ‘fondos buitre’ votaron 136 países. Esto no era una decisión del Consejo de Seguridad, por lo que la resolución no tiene un carácter prescriptivo. Es tan válida ésta como la resolución 242 que exige el retiro de las fuerzas de ocupación israelí de los territorios invadidos y anexados en 1967. Dicho de otro modo, lo más probable es que la votación no pase de ser un acto solemne más de una institución que prácticamente no sirve para nada más que para solapar las políticas intervencionistas y criminales de los amos del mundo. Habría que ir pensando en abandonar ese barco que de todos modos está a punto de hundirse.

Desafortunadamente, no podemos dejar inconclusa nuestra narración, por lo que nos vemos forzados a mencionar el hecho de que ciertamente no es por casualidad que en México el asunto de la resolución de la asamblea general de la ONU en favor de la propuesta argentina haya pasado por completo desapercibida, tanto por la prensa escrita como por los noticieros de radio y televisión. ¿Por qué el tema ni siquiera fue mencionado, a diferencia por ejemplo de la asignificativa ratificación de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México? Yo estoy seguro de que el lector ya habrá adivinado la razón de este ominoso silencio, el cual no es más que un eslabón más en la cadena de desinformación sistemática a la que se somete al pueblo de México. Lo que pasó fue que sí, claro, ya adivinamos: México fue de los 41 países que se abstuvieron! ¿Podría alguien decente sostener que no estamos hundidos en la ignominia? Creo que unas cuantas palabras al respecto son inevitables.

Si México fuera un país sin deudas (interna y externa), su voto en la ONU habría sido el de una entidad nada solidaria con naciones menos favorecidas y ello sería moralmente cuestionable, pero en última instancia sería comprensible. Pero ¿cómo pudo abstenerse México de apoyar una propuesta como la argentina cuando es un país con una deuda que tarde o temprano terminará por llevarlo a la confrontación con los buitres del sector financiero mundial?¿No era razonable que siquiera como un posicionamiento meramente simbólico hubiera votado en favor de dicha propuesta?¿No era algo que lógicamente correspondía a sus intereses? El problema radica en que desde hace 40 años se instauró en México la mentalidad política de la sumisión total sobre todo frente a los Estados Unidos. El mensaje de México no puede ser más que de regocijo para los vampiros financieros internacionales: el gobierno de México está anunciando que es y seguirá siendo obediente, que no se insubordinará nunca independientemente de cuán injusta sea la situación en la que se le coloque, que el gobierno mexicano no está aquí para defender los intereses nacionales. No importa que el país se esté desmoronando políticamente después de su previa aniquilación moral y educativa. La función del Estado mexicano es mantener una situación más o menos estable para poder seguir protegiendo contra viento y marea los intereses de los bancos que, en México, hacen lo que quieren. Cabe preguntar: ¿hasta cuándo va a durar esta situación de sometimiento desvergonzado? Al parecer, hasta que los gobernantes mexicanos entiendan que lo único que genera la política de sumisión a ciegas es más sumisión todavía, más explotación, más humillación, cuando sea a México a quien le toque volver a pasar por otra grave crisis que lo obligue a “re-estructurar” su deuda. Entonces y sólo entonces recordarán los gobernantes mexicanos que hubo antes que ellos una gran dirigente latinoamericana, a saber, Cristina Fernández de Kirchner, quien dio un modesto pero audaz paso en la dirección correcta y que hizo lo que entonces tardíamente ellos quizá intentarán hacer, esto es, emularla para liberar de una vez por todas al pueblo de México del brutal e inmisericorde yugo de los “inversionistas” y de la nefanda banca mundial.