1) No creo que haya alguien que piense, si lee lo que escribo, que estoy particularmente interesado en desarrollar una labor de periodista. Definitivamente, para la (indispensable) labor de recopilación de datos para nada más mencionarlos y pasar a otra cosa no me siento apto. No debería entonces sorprender a nadie si ocasionalmente me ocupo de sucesos que ya no son de actualidad pero que, desde mi punto de vista al menos, revisten algún interés y que, por consiguiente, ameritan que regrese uno sobre ellos, aunque como “novedades” hayan ya quedado sepultados por las subsiguientes avalanchas de datos. O sea, no es parte de mis objetivos estar reportando acontecimientos, sino que más bien me interesa seleccionar hechos que en mi opinión ameritan ser considerados porque pueden dar lugar a una reflexión personal que a su vez permita extraer alguna lección o moraleja digna de ser ponderada. De ahí que me permita hoy recuperar un evento que tuvo lugar la semana pasada pero al que, justamente, no quisiera darle un trato meramente periodístico. Quisiera, pues, recuperar una vergonzosa situación para, aunque sea superficialmente, examinarla y tratar de extraer de ella alguna lección.
2) El penoso hecho que tengo en mente es la conversación telefónica mantenida por el destacado Dr. Lorenzo Córdova Vianello, ahora Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), con el Secretario Ejecutivo del instituto en cuestión. La plática fue tramposamente grabada y hecha pública. No es difícil percatarse de inmediato que están involucrados dos temas lógicamente independientes, aunque es debatible si de facto lo son también. Está por una parte el contenido de la conversación y por la otra la ilegalidad de la grabación. Me da la impresión de que se nos presentan aquí básicamente cuatro posibilidades. Podríamos tener:

A Plática banal grabada (y difundida)

B Plática banal no grabada

C Plática no banal grabada (y difundida)

D Plática no banal no grabada

De entrada sabemos que los casos B y D no son relevantes: si no se puede, legal o ilegalmente, saber qué opina alguien sobre un tema en particular, no hay nada que discutir. Quedan, pues, los casos A y C. En el primero no hay conflicto alguno: se comete una ilegalidad que sólo sirve para demostrar que se puede violentar la privacidad y la intimidad de las personas. Obviamente, dicha ilegalidad es a todas luces injustificable. El caso crítico, sin embargo, es C y es el caso de Córdova. Por qué es este el caso crucial es algo de lo que nos ocuparemos en la siguiente sección.
3) Precisemos, para empezar, que el contenido de la plática del H. Consejero Presidente con su Secretario más que importante es significativo, representativo, simbólico. El contenido no es del todo trivial, en el sentido de que se hacen afirmaciones ofensivas, lacerantes, burlonas respecto a gente que ha sido siempre denigrada, explotada y humillada. El problema es que nosotros nos enteramos de dichos “puntos de vista” gracias a un acto ilegal. El asunto es: independientemente de si otros se enteran o no, de seguro que todo mundo tiene derecho a pensar y a opinar lo que le venga en gana sobre el tema que sea. Puede no gustarnos, podemos no coincidir con lo que alguien afirma, pero la persona de que se trate tiene derecho a pensar como lo hace, sea el tema que sea. En eso consiste la libertad de pensamiento y de opinión. Se plantea una dificultad, sin embargo, porque las opiniones externadas y de las cuales nos enteramos no congenian del todo con lo que se espera de un funcionario en el puesto que Córdova ocupa. Pero entonces ¿qué tiene prioridad: la libertad de expresión o el rol político en el que quien opina se desempeña?
4) Ilustremos el asunto con un caso imaginario. Supongamos que hay una dependencia oficial en alguna Secretaría de Estado destinada a proveer servicios y apoyo para gente discapacitada, digamos invidentes o sordo-mudos. Asumamos sin discutir que el director de la dependencia en cuestión cumple satisfactoriamente con su trabajo, pero que lo graban durante una fiesta en su casa burlándose y dando rienda suelta a todo su desprecio por las personas discapacitadas para las cuales, se supone, trabaja. O sea, hay una discordancia entre la faceta oficial del personaje y su vida personal. ¿Basta eso para condenarlo? Desde un punto de vista meramente lógico, no: no hay ninguna contradicción formal entre las dos “personalidades” del sujeto. Hay a lo sumo una especie de esquizofrenia política y moral. Pero ¿qué hay que hacer cuando se está frente a un caso como este de esquizofrenia ideológica?¿Basta con constatarla y asunto arreglado?¿Es suficiente con que el hombre público cumpla con sus obligaciones como funcionario independientemente de lo que en su fuero interno piense o sienta? Eso es lo que se necesita dirimir.
5) El que no se trate de un caso de contradicción formal no quiere decir que no estemos en presencia de alguna clase de tensión, de oposición, de incongruencia. Supóngase que alguien tiene un amigo que habla muy mal de él pero que hace todo para favorecerlo. Si la persona se queja ¿sería aceptable la respuesta de que lo que cuenta son los hechos y que no hay que concederle a las palabras mayor importancia? No creo que muchas personas aceptarían de buena gana una situación así y con justa razón. No se puede negar entonces que, en el caso de Córdova, hay una especie de contradicción personal: él no tiene la actitud correcta hacia las personas para las cuales supuestamente trabaja (y cobra!). Eso se llama ‘hipocresía’ y ciertamente hay un elemento de inmoralidad involucrado. Pero el otro problema, a saber, que si bien la conducta lingüística del sujeto es en algún sentido inmoral, de todos modos se le exhibe por medio no sólo de otra conducta inmoral, sino de lo que es abiertamente una ilegalidad. ¿Cómo se supone entonces que se debe reaccionar frente a una inmoralidad exhibida por una ilegalidad? No podemos avalar el acto ilegal: el día de mañana a cualquiera de nosotros nos publican nuestras modestas opiniones personales, que con toda seguridad a muchos dejarían insatisfechos, y ello no nos gustaría. Sí, pero hay una diferencia fundamental: nosotros no somos funcionarios públicos. ¿Cuál es entonces el juicio apropiado en el caso de Córdova?
6) A mí me parece obvio que sobre la base de una ilegalidad no se pueden hacer cargos de carácter legal en contra de nadie. O sea, el Sr. Consejero Presidente es legalmente inimputable. Pero también es cierto que si bien no se le pueden hacer cargos legales, dado el contenido y el tenor de sus palabras sí se le pueden hacer críticas morales. Quizá no las pueda elevar quien grabó la conversación telefónica, porque eso sería tanto como que un criminal se pusiera a pontificar sobre lo que es la vida moralmente buena: él no tiene autoridad para ello. Y aquí se vuelve a plantear el problema: ¿qué valor tiene un buen consejo moral cuando emana de un inmoral? Afortunadamente, este no es nuestro caso, dado que nosotros no tenemos nada que ver con la grabación. Por lo tanto, aunque reconocemos que no se podría proceder legalmente en contra del Consejero Presidente del INE, sí nos arrogamos el derecho de pronunciarnos sobre su moralidad, dado que por mecanismos legales o ilegales de todos modos conocemos el contenido de su plática y no podemos ya simplemente ignorarla. Consideremos, pues, el caso.
7) Lo primero que hay que señalar es que la situación es de entrada involuntariamente paradójica, porque es en un lenguaje despreciable, digno del más mediocre de los preparatorianos o de los peores actorcetes de Televisa, como Córdova se mofa de un cierto grupo social y de una persona en particular. Es como si alguien se quejara de cómo se expresa un vecino usando para ello el lenguaje más soez y vulgar posible. Así expresado, el quejoso no parece gozar de ninguna autoridad. Lo penoso del asunto es que quien así se expresa detenta un puesto público importante, una de cuyas funciones es ir a ilustrar sobre diversos temas de derecho electoral precisamente a las personas de las cuales se burla. Es como si un maestro rural se burlara de los niños a los que tiene que enseñarles a escribir. Esa conducta no es aceptable. Como ya dije, inclusive si no es formal aquí hay una contradicción pragmática. La conducta del sujeto es indignante, sobre todo porque hace escarnio de un grupo de gente mal tratada desde siempre. Me parece, sin embargo, que podemos dejar de lado todo lo que revela la doble moral del Consejero Presidente y concentrarnos en otra cosa, esto es, en algo que me parece más importante, que rebasa el caso particular y que nos concierne a todos. Me refiero a lo que la situación y el personaje simbolizan, a lo que reflejan. Eso es lo importante de la escena telefónica y es de eso de lo que quisiera brevemente ocuparme.
8) A mí me parece que el Consejero Presidente el INE encarnó a la perfección durante un minuto o minuto y medio que duró su plática lo que son nuestros líderes, nuestros representantes, nuestros dirigentes, nuestros políticos. Por un lado tenemos la faceta pública del sujeto: un buen orador, profesionalmente competente, etc., pero, por la otra, tenemos a alguien que manifiesta un gran desprecio por la gente común, por el ciudadano de a pie, por la gente que no desayuna, come y cena como él. En ese sentido, el Dr. Córdova es como el común de nuestros políticos: bien vestido, atufado, etc., pero manifestando en privado un reverendo desprecio por todo lo que en público profesa respetar. Podemos imaginar que ese señor, que lamentó en público su conducta, sin realmente ofrecer disculpas como pudo haberlo hecho, en privado, entre amigos, se muere de risa por lo que sucedió y muy probablemente esté muy orgulloso de su “crónica marciana”. Que no nos extrañe que esa pifia ya le haya ampliado su horizonte “político”, porque ahora los profesionales, los grandes lagartos de la política mexicana, ya reconocen en él a uno de ellos, esto es, una moneda falsa, alguien por lo tanto con quien ciertamente se podrá en todo momento colaborar. Por consiguiente, al Dr. Córdova le auguramos un brillante futuro en la política nacional. Lo que le pasó es simplemente una prueba de que no está todavía suficientemente fogueado, que le falta un poquito de experiencia, pero ciertamente dejó en claro que tiene madera de político mexicano y nos demostró, una vez más, que lo que en otros países le habría costado caro a quien hubiera hecho lo mismo aquí en México puede ocurrir y no pasa nada. Desde la perspectiva tanto del juego político como de una moralidad sencilla, lo que él tenía que haber hecho era haber ofrecido su renuncia, pero en México un gesto así es prácticamente impensable. Y ahí sigue, vivito y coleando. No es implausible que una vez pasadas las elecciones deje el INE y pase a otro puesto. Felicidades de antemano!
9) Aunque, como vimos, es posible maldecir a alguien y actuar en beneficio de él, cuando llegamos al caso de las figuras públicas esa combinación de doble estándar es a la larga insostenible. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se termina por no creer en las bondades de las acciones realizadas. No pueden dicotomizarse a tal grado el lenguaje y la acción. Aunque en la imaginación es posible separarlos tajantemente, en la realidad se requiere un mínimo de congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Desde luego que se puede ser un hipócrita completo, como el grueso de los políticos de este país, pero el punto es que aunque no se pueda hacer nada en contra de ellos de todos modos nadie les cree nada. Y se nos hizo ver que el Sr. Córdova, por un descuido, forma parte ya del super-honorable club de farsantes al cual ingresan en primer lugar nuestros inefables políticos. El repudio moral de sus prácticas, quiero decirlo explícitamente, ni mucho menos significa que avalamos la práctica infame de la invasión de la privacidad. Es más: si tuviéramos que elegir entre hipocresía total e ilegalidad, no cabe duda de que habría que preferir ser inmoral que ser ilegal. Es a esta clase de conflictos a los que permanentemente nos lleva la “política nacional”.