Reacciones Sociales

20 Junio, 2017

Hace un poco más de 10 días, Valeria, una niña de 11 años, se paseaba con su papá en bicicleta cuando empezó a llover. Al padre se le hizo fácil, para evitar que se mojara, hacerle la parada a un vehículo de transporte colectivo que iba vacío y subió a su hija, para que la adelantara alrededor de 6 cuadras. El padre siguió en bicicleta al vehículo, pero en cierto momento el chofer aceleró y desapareció. Naturalmente, cuando el papá llegó al lugar donde la niña tenía que haber bajado no la encontró. Empezó entonces una búsqueda afanosa hasta que, al otro día, fue hallado el cuerpo sin vida de Valeria. Había sido violada. Esta es, llamémosla así, nuestra primera “premisa”. Unos cuantos días más tarde, el chofer, un tal José Octavio “N”, fue atrapado y confesó su crimen. Fue enviado al penal de Neza-Bordo y, al tercer día de haber sido ingresado, amaneció colgado de una ventana de su celda. La hipótesis del suicidio es tan ridícula que la menciono sólo para de inmediato olvidarme de ella. Esta es nuestra segunda “premisa”. El tercer dato importante tiene que ver con las reacciones de la gente en torno a este odioso episodio. Para empezar y siguiendo con la tradición, de entrada el agente del ministerio público se negó a admitir que pudiera haberse cometido un delito. La “hipótesis” original era que la niña “se había ido con su novio”. Una vez descubierto el cadáver, la reacción de la gente fue exigir que se hiciera justicia. Finalmente, después de enterarse de que el asesino (confeso) había sido “ajusticiado” y aunque con ello a Valeria misma no se le beneficiaba en nada, de todos modos se dio una explosión popular de satisfacción.

El suceso relatado se inscribe en el marco de una cada vez más frecuente aparición espontánea de “justicieros”, esto es, personas que en presencia de un asalto, en defensa personal o colectiva, ejecutan a los malhechores. La reacción general de la gente es sistemáticamente la misma: no vieron nada, no cooperan con la policía, hacen retratos hablados engañosos, dan datos contradictorios, etc. Y ¿cuál es la repuesta mecánica de las autoridades? Ya tienen la frase hecha lista: “No se puede hacer justicia por su propia mano”. Mi intuición me dice que algo tiene que estar mal con esta respuesta. Lo difícil es exhibir con claridad qué. Intentemos esclarecer, hasta donde sea posible, el tema.

Lo primero que tenemos que señalar es que un cliché, por acertado que sea, no basta para diagnosticar una situación, para superar un dilema o para resolver un conflicto. La frase (Nadie debe hacerse justicia por propia mano) sin duda es buena sólo que a condición de que venga acompañada de un contexto apropiado, porque de lo contrario sólo sirve para engañar a los interlocutores. ¿Cuál es el contexto que aquí falta? Está constituido por dos verdades: primero, que la ciudadanía carece de genuina protección por parte de las autoridades y, segundo, que los asaltantes, violadores, ladrones, plagiarios y demás no reciben prácticamente nunca el castigo que merecen. Por deficiencias legaloides, corrupción judicial, ineptitud de los fiscales, bestialidad de los agentes policiacos, etc., lo cierto es que los delincuentes a menudo salen más rápido de lo que tardan en entrar a los reclusorios. En esas condiciones ¿sigue resultando tan convincente el slogan mencionado? Tengo mis dudas.

Una de las tácticas de quienes se rehúsan a examinar y enfrentar seriamente el problema que plantea la delincuencia, organizada o espontánea (como la ejemplificada en el caso de Valeria), consiste en hacer siempre planteamientos grotescos, en proponer medidas descabelladas y en exigir de los demás LA solución a los problemas, asumiendo obviamente que ésta tiene que venir codificada en una fórmula simple y de aplicación inmediata. Eso realmente equivale a una burla y no es más que una forma de eludir la verdadera controversia. La existencia de la delincuencia tiene muchas causas, operando todas simultáneamente, y lo que eso implica es que la solución tiene que ser compleja. Hay desde luego causas de orden económico, pero cualquiera entiende que la existencia de la criminalidad no se agota en su dimensión económica. Es no sólo imaginable sino un hecho verificado en múltiples ocasiones que hasta en las familias más pobres en las cuales pululan los delincuentes hay también personas que encaminan sus vidas por la senda del trabajo, de la vida comunitaria sana, etc., así como en multitud de familias acomodadas proliferan villanos de las más variadas clases. Por lo tanto, la explicación economicista de la delincuencia es totalmente insuficiente. Lo mismo pasa con la perspectiva educativa. Es obvio que hay una relación fuerte entre la tasa de actos delictivos y la educación de la población pero, una vez más, limitarse a considerar nada más los niveles de educación no basta. De nuevo, así como hay criminales entre gente rica así también los hay entre gente educada (y mucho más de lo que uno podría imaginar) y a la inversa: entre la gente ignorante, que en nuestro país congrega a sectores muy amplios de la población, hay gente buena y que, habiendo inclusive tenido la oportunidad de hacerlo, no está dispuesta a hacerle daño a los demás. Por lo tanto, pretender explicar la delincuencia exclusivamente en términos educativos es, una vez más, perder el tiempo. La educación (o la falta de educación) es ciertamente un factor más en la gestación y expansión de las actividades delictivas, pero ni es el fundamental ni es el decisivo. Por último, una tercera perspectiva que se puede adoptar para explicar y tratar de controlar la vida criminal es, obviamente, la perspectiva policiaco-judicial. Esta tercera perspectiva pretendería explicar el fenómeno del surgimiento y la expansión de la vida criminal apuntando a las deficiencias de las instituciones dedicadas a la persecución del delito, a lo tremendamente defectuoso de los códigos penales vigentes y al estado de putrefacción del sector judicial. A mí en lo personal me parece que este factor es mucho más (por así decirlo) “operativo” que los otros dos, es decir, está ligado de manera mucho más inmediata a la criminalidad que los factores económico y educativo. 

Es evidente que la lucha contra la delincuencia tiene que contemplar estos y otros factores y atacar los problemas en sus respectivas áreas. Una sociedad de gente bien comida pero imbuida de valores despreciables seguirá produciendo criminales, al igual que una sociedad de gente bien educada pero viviendo en la inopia. Un régimen dictatorial, en cambio, inclusive con una población viviendo en niveles de subsistencia y con niveles de educación muy bajos de todos modos podría, con una legislación adecuada y cuerpos policiacos y judiciales suficientemente confiables, mantener bajo control a la casta de criminales. De hecho algo ligeramente parecido a eso era lo que pasaba en los antiguos países socialistas de Europa Oriental. En Varsovia, en los años 70, se podía uno pasear a las 3 de la mañana por toda la ciudad y no le pasaba absolutamente nada. Claro que siempre hubo pequeños ladrones, alguno que otro estafador, etc., pero es innegable que los niveles de criminalidad en aquellos países eran increíblemente bajos, sobre todo comparados con los de América Latina, de África o inclusive con los de los Estados Unidos. De ahí que podamos inferir que el principal frente, el ámbito en el que de manera más decisiva se juega el éxito o el fracaso de la criminalidad, es ante todo el de lo policial y de lo jurídico. México, hay que decirlo, está a nivel mundial a la vanguardia en lo que concierne a las tasas de criminalidad (secuestros, asesinatos, violaciones, etc.). Por ejemplo, en lo que a asesinatos de periodistas concierne nos llevamos la presea de oro.

Confieso que las consideraciones de carácter social, las predicciones o proyecciones más o menos probables, las estadísticas y en general toda clase de correlaciones empíricas no son particularmente de mi interés, por lo que no me ocuparé ni de las relaciones entre el crimen y la economía ni de las que se dan entre el crimen y la educación. En cambio las relaciones entre el crimen y las leyes me interesan más por lo que me propongo examinar, de manera muy general, el tema de modo que podamos responder a preguntas como las siguientes: ¿quién tiene razón: quien aboga por el slogan de que nadie puede hacerse justicia por cuenta propia o quien sostiene que ese principio vale sólo si se vive en una sociedad en la que la gente está de hecho protegida? O planteado de otra manera: ¿es justificado el enojo de quienes ven en la ejecución del asesino de Valeria un vulgar homicidio más o está justificado el pueblo en sentir júbilo por su ejecución?¿Quién está en lo correcto: los legisladores o el pueblo?¿Por qué habría que optar: por una justicia que, por las razones que sean, nunca llega, nunca se materializa, o por el justiciero que elimina a bandoleros para proteger a personas que iban a ser de una u otra manera violentadas?¿Quién tiene razón: el abogado o el sentido común?

Independientemente de si se le acepta o no en su totalidad, hay un texto sagrado, a saber, El Antiguo Testamento, el cual sin duda alguna contiene algunas consideraciones esenciales sobre la justicia. Así, en Éxodo 21, precisamente cuando se enuncia lo que podríamos considerar como la legislación básica del pueblo hebreo, claramente se dice “ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie” (24). Esto es la universalmente conocida “Ley del Talión”. ¿Por qué es tan importante este principio?

Yo pienso que la Ley del Talión nos da la esencia de la justicia. Por lo pronto, tiene dos implicaciones de primera importancia:

a) rechaza la impunidad
b) equilibra el castigo

Lo primero que la Ley del Talión nos enseña es que no puede haber una sociedad justa en la que se cometan arbitrariedades, actos delincuenciales, crímenes de la clase que sean si no se tiene previsto un castigo para ellos. En otras palabras, lo que no puede suceder, en aras de la justicia tanto divina como humana, es que se cometa algún acto ilegítimo en contra de alguien y que no se haga nada al respecto, que no pase nada. Aprendemos la lección cuando entendemos que el principio en cuestión se encuentra en los fundamentos no sólo de la sociedad hebrea de aquellos tiempos, sino en los de cualquier sociedad humana posible. Sólo en una sociedad en la que las personas no tienen el mismo valor, en donde hay jerarquías entre humanos, en una sociedad racista o de algún modo segregacionista, en una sociedad en la que pueden cometerse actos de agresión en contra de una persona sin que se busque en serio castigar al culpable, la Ley del Talión no vale. En otras palabras: hay que optar: ¿qué se prefiere ser: segregacionista o partidario de la Ley del Talión? Me parece que la respuesta podría ser: “Hasta la duda ofende!”.

Por otra parte, desde luego que es correcto castigar a quien cometió un ilícito sólo que el sentido común, incorporado en la Lex Tallionis, deja en claro que el castigo del culpable tiene que caer dentro de cierto marco, es decir, no puede ser ni excesivamente blando ni demasiado duro. En verdad, esto es una idea con la que hasta el mismísimo Aristóteles habría estado de acuerdo. En su formulación clásica no se nos dice ojo por ojo y diente, ni ojo y diente por ojo, sino simplemente ojo por ojo. O sea, la sanción tiene que ser más o menos equivalente al daño ocasionado; de lo contrario se vuelve a caer en la injusticia. Ahora bien, se ha objetado que es imposible aplicar literalmente la Ley del Talión: es obvio que no se le va a cortar la oreja a quien cortó la oreja de alguna persona, que no se le va a sacar los ojos a quien le sacó los ojos a otra persona y así sucesivamente. Pero esto no es una objeción propiamente hablando. Tal como la conocemos, la Ley del Talión es simplemente una fórmula expresada en un lenguaje no literal, dado que esa es la única clase de formulación a la que se puede recurrir cuando no se tiene una constitución, un código (penal, por ejemplo) bien elaborado, con artículos precisos, etc. El pensamiento quedó enunciado de manera tan brillante que se puede recurrir a él en prácticamente cualquier situación imaginable.

Un problema para los legisladores en general era encontrar algún o algunos castigos que siempre pudieran infligirse, puesto que era demasiado complicado tener tantos castigos como delitos, pues entre otras cosas ello haría inviable la impartición de justicia. Los castigos a los que se redujeron todos los demás fueron finalmente dos: multas y privación de la libertad. A partir de ese momento lo que se requiere son convenciones: para tal delito, tal multa o tantos días de cárcel. Debe quedar claro que para la elaboración de las listas de castigos no hay ciencia alguna: todo depende de las intuiciones de quienes elaboran las leyes, de sus prejuicios, de su sentido común, de las tradiciones prevalecientes en su marco cultural, etc. Dicho de otro modo, estrictamente hablando en los códigos penales no hay nada objetivo. El Derecho no es una ciencia natural más. Para un mismo delito, las leyes de Noruega, las de Bolivia y las de Tailandia pueden reservar castigos diferentes. No obstante, detrás de todos ellos, implícitamente, sigue vigente la Ley del Talión. Pero ahora ¿en qué consiste el problema? En que dada la hipocresía de nuestros tiempos, se pretende ponerle un límite al rango de aplicación de tan útil ley: lo que se pretende es, por un sinnúmero de vericuetos y túneles argumentativos, limitar por principio el alcance de la Ley del Talión de manera que ésta no se aplique a quienes asesinan a otras personas. En los casos más terribles no se quiere aplicar lo de ojo por ojo. ¿Por qué hablo de hipocresía en este contexto? Me refiero a un rasgo de la cultura actual. Como resultado de sus actuaciones en sus respectivos ámbitos, los políticos y los juristas de hecho condenan diariamente a muerte a miles de personas, pero se sublevan indignados ante la idea de juzgar y condenar a muerte a un detestable criminal del fuero común. O sea, los políticos de todo el mundo, los portavoces de la democracia, los defensores de derechos humanos, toda esa ralea de administradores públicos y de legisladores y juzgadores convive tranquilamente con la realidad de niños calcinados por bombas de fósforo o ahogados a la mitad de su travesía en el Mar Mediterráneo, con la de cientos de miles de mujeres convertidas en esclavas sexuales, con la de multitud de asesinatos de personas cuyos cadáveres van a dar a fosas clandestinas, etc. Todo eso ellos lo aceptan y conviven apaciblemente con ello, pero en cambio no toleran la idea de condenar legalmente a muerte al asesino de una niña. Por paradójico que parezca, es precisamente para los casos graves para los cuales la Ley del Talión es rechazada. Naturalmente, si uno rechaza lo que constituye el núcleo de la justicia, cualquier situación, por absurda que sea, se puede dar. Supongamos, por ejemplo, que una persona mata a otra y que, por razones “humanitarias” no se le condena a muerte sino a un cierto número de años de cárcel. Digamos que se tasa la vida de la persona asesinada en, por decir algo, 25 años de reclusión. Pero supongamos ahora que el delincuente en cuestión asesinó a 2 personas: ¿cuál es entonces el castigo justo? Uno diría, haciendo aritmética elemental, 50 años. Pero ¿y qué tal si el sujeto en cuestión asesinó a, digamos, 15 personas? Hay muchos asesinos así. Uno se pregunta: ¿qué caso tendría dictarle una pena de 375 años? Eso sería más bien como mofarse de la sociedad en su conjunto. Por otra parte, una cosa es matar por algún agravio terrible y otra violar y matar a sangre fría a una persona indefensa, inocente, con un futuro por delante, miembro de una familia que queda destrozada hasta el fin de sus días. En este segundo caso: ¿también 25 años de prisión sería un castigo justo? Me parece a mí que forma parte de la discusión la sugerencia a quienes pretenden mutilar nuestro concepto de justicia que por un momento imaginen que la persona despiadadamente asesinada es su hija o su hermana. ¿Seguirían manteniendo su ecuanimidad y actitud “humanista”? A todos nos encantaría conocer el resultado de ese “experimento de pensamiento”. Pero regresando al punto importante: es un hecho que la justicia mexicana no aplica ni respeta la Ley del Talión para los casos realmente graves, ostentosamente ofensivos para la sociedad. El Estado mexicano es, pues, esencialmente injusto.

La sociedad mexicana, sin embargo, no siempre lo es y de cuando en cuando se inconforma con las decisiones que le imponen. Es por eso que nos encontramos con ese contraste brutal de reacciones, esto es, las reacciones de académicos, políticos y leguleyos que repiten como pericos “Nadie debe hacerse justicia por su cuenta” y la de las personas que sienten que “por fin se hizo justicia”. Yo pregunto: si efectivamente “se hizo justicia: ¿importa mucho quién la hizo? El ideal, evidentemente, no es que cada quien “se haga justicia” por cuenta propia. El problema con esto es que quien dice que se hace justicia por cuenta propia las más de las veces comete una injusticia, delinque para hacer algo que no tiene justificación. Eso no es hacerse justicia por cuenta propia. Eso es ser un delincuente descarado. El verdadero dilema es: ¿qué es mejor, psicológica y socialmente: que se cometa una injusticia por negarse a imponer el castigo merecido o que se haga justicia al margen de la ley? Es a esa pregunta que los legisladores y políticos nacionales tienen que responder ofreciendo razones. ¿Por qué es mejor la primera opción?¿Por qué es mejor no violar la ley y dejar intacta una situación de injustica que corregir una situación injusta violando la ley? Lo que aquí se necesita son argumentos, no meros pronunciamientos.

Difícilmente podría negarse que en gran medida la lamentable situación que prevalece en México tiene entre sus causas la corrupción jurídica (no nada más la judicial). Desde luego que el espectáculo de un linchamiento es espantoso, pero no lo es menos el de la situación en la que el pueblo se queda con hambre y sed de justicia. Yo me pregunto una y otra vez: ¿realmente sería peor el mundo (o México al menos) si se implantara en el país la pena capital para crímenes como el de Valeria, si se eliminara a través de un juicio a asesinos seriales, a grandes criminales del fuero común, a gente que sin derecho alguno privó de la vida a otras personas causándole con ello un tremendo daño a sus seres queridos?¿No oyen los constructores de nuestro marco legal lo que a gritos les dicen las reacciones espontáneas de la gente? Y respondiendo a las preguntas que planteamos más arriba: ¿no está justificada la reacción de júbilo de la población ante la noticias de la ejecución del violador y asesino de Valeria?¿No era ese un derecho que tenían los padres de la niña, un derecho del cual la legislación vigente los había privado pero que, casualmente, otros delincuentes, por las razones que sean, les restituyeron?¿No está la figura del justiciero (del Robin Hood local) reivindicada y sancionada por el pueblo, quien por fin encuentra a un defensor real? Y, por otra parte, ¿no se supone que en los sistemas democráticos es del pueblo de donde emana la soberanía?¿No es en la democracia el pueblo el que manda y no se supone que nosotros vivimos en una democracia?¿Por qué entonces tienen primacía los prejuicios y las preferencias de los legisladores sobre el sentir popular? Si las reacciones de la gente sirven de alguna manera como termómetro para medir el grado de auténtica representación de los intereses populares en las esferas del poder, lo menos que podemos afirmar es que el pueblo y sus dizque representantes en los poderes de la Unión viven en dos universos que, como las galaxias en el cosmos, cada día se alejan más uno del otro.